La estafa se estima en decenas de millones de euros, aún por localizar.
Los estafadores, dos hombres y dos mujeres de nacionalidad española, se hacían pasar por funcionarios del departamento de medio ambiente y vivienda de la generalitat o de su empresa promotora, adigsa. convencían a sus víctimas de que podían conseguirles pisos de protección oficial sin necesidad de pasar por el preceptivo sorteo público a cambio de un pago por adelantado inicial de entre 3.000 y 6.000 euros.